La empresa Tecnomyl, con planta ubicada en el sector norte de la ciudad de Río Grande, accionó judicialmente, presentando una medida cautelar en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo del Distrito Judicial Norte de la provincia de Tierra del Fuego, contra el trabajador Pablo Cabrera, ex Secretario de Finanzas de Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos, amparada en el artículo 52 de la Ley N° 23.551.

Pablo Cabrera, se encadenó dos veces en el mes de febrero del presente año en el acceso principal de la empresa Tecnomyl, ante la permanente persecución laboral a la que estaba siendo sometido desde que dejó de ejercer el cargo para el cual había elegido por los afiliados al sindicato, denunciando públicamente, entre otros temas, el descuento indebido de días no trabajados. La empresa, en primera instancia intentó cerrar un acuerdo con Cabrera, pero luego desistió y ante el segundo suceso de encadenamiento del trabajador, “armó” toda una situación para intentar demostrar que la acción de Cabrera puso en “peligro de eficaz funcionamiento a la empresa, comprometiendo la seguridad del personal”, según consta en el expediente judicial. Para ello, Tecnomyl convocó a la policía y el propio abogado de la empresa le sacó fotos a Cabrera estando encadenado en el acceso a la planta (no en el interior), donde claramente se podía observar que la actitud del trabajador en nada obstaculizaba la operatividad de la empresa, ni ponía en riesgo al personal de la misma.

Sin embargo, la Jueza Edith Cristiano aceptó la medida cautelar presentada por Tecnomyl (o la mentira organizada por la empresa), y ordenó “la suspensión (plena aunque provisoria) del trabajador Pablo Gustavo Cabrera”, sin considerar los antecedentes del caso; es decir, los reclamos del trabajador.

En los considerando de la medida, a los que tuvo acceso “gremialesdelsur”, la Jueza destaca el “certificado policial”, “las publicaciones del Diario El Sureño”, y “el informe del área de seguridad de la empresa”, asignándole a Cabrera “una presunta -pero grave- falta de conducta”. También destaca la Dra. Cristiano que el accionar del trabajador es “individual y sin contar con el aval de la entidad sindical”.

Sin embargo, no consta en el expediente judicial, ninguna de las requisitorias del trabajador a la empresa, ni ninguna publicación periodística con los reclamos previos de Cabrera, ni ninguna actuación administrativa que demuestre que el sindicato no respaldó la medida del trabajador.

Lo cierto es que la Dra, Cristiano, ha resuelto una medida de suspensión contra un trabajador, otorgándole veracidad a los fundamentos esgrimidos por el empleador, que a las claras son mentiras infundadas, con el solo objeto de profundizar la persecución laboral a un ex dirigente gremial, que aún mantiene el amparo legal que le brinda la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar