De los resultados de un análisis se desprende que los países que poseen sistemas sanitarios y de protección social eficaces, con cobertura universal, están en mejor medida de proteger a su población frente a los riesgos que conlleva el COVID-19. Por otro lado, los países que carecen de sólidos sistemas de protección sanitaria y social deberán formular políticas y llevar a cabo intervenciones de forma ad hoc, lo que probablemente dará lugar a la adopción de medidas de respuesta limitadas y tardías.

"La pandemia ha puesto de manifiesto amplias lagunas en los sistemas de protección social de todo el mundo, en particular con respecto a determinados grupos de trabajadores, por ejemplo los trabajadores a tiempo parcial, los temporales y los que desarrollan su labor por cuenta propia, muchos de ellos en la economía informal", señala Shahra Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT. "La protección social debe considerarse una inversión, no un costo adicional. Desempeña un papel primordial para mitigar los efectos de las crisis en el plano social y constituye un elemento estabilizador en el plano económico".

Además de la trágica pérdida de vidas humanas, es probable que la pandemia aumente la pobreza y la desigualdad, y que repercuta adversamente, en particular, en las personas de más edad, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, los trabajadores migrantes y las personas desplazadas por la fuerza, según se señala en el informe Social protection responses to the COVID-19 crisis: Country responses and policy considerations  (Medidas de protección social para hacer frente a la crisis del COVID-19: Respuesta de los países y consideraciones en el plano político).

Las medidas políticas que han adoptado muchos países a escala nacional en materia de protección social para hacer frente a la crisis son de índole muy diversa.

Se han ampliado las prestaciones por enfermedad financiadas mediante impuestos ordinarios para que abarquen a trabajadores que, de otro modo, no tendrían derecho a ellas; se han implantado planes de protección contra el desempleo para ayudar a las empresas a mantener a sus empleados mediante planes de trabajo de jornada reducida, proporcionar prestaciones por desempleo a trabajadores despedidos, incluidos los que en otras circunstancias no tendrían derecho a seguro de desempleo, y garantizar los ingresos de las familias. En otros países se han proporcionado ayudas en especie, en particular productos alimenticios, comidas o dinero en efectivo, con objeto de facilitar el acceso a alimentos.

Del 1 de febrero al 17 de abril de 2020, 108 países y territorios anunciaron al menos 548 medidas de protección social destinadas a mitigar los efectos devastadores de la pérdida de empleos y medios de subsistencia.

Alrededor de una quinta parte (19,3%) de esas medidas consisten en subsidios o ayudas sociales especiales, protección contra el desempleo (15,7%), prestación de servicios sanitarios (9,5%) y asignación de alimentos (9,1%).

Más de dos terceras partes de los países de Europa y Asia central han aplicado medidas de protección social como consecuencia de la pandemia, así como más de la mitad de los países de América y casi la mitad de los países de Asia. En África, más de una tercera parte de los países ya lo han hecho, así como alrededor de una tercera parte de los Estados árabes.

En el informe se señala que una cobertura social y sanitaria insuficiente no sólo conlleva riesgo para los países afectados, sino para toda la comunidad internacional.

Habida cuenta de ello, se debe ofrecer apoyo internacional a los países a la mayor brevedad posible, con objeto de que puedan adoptar medidas con carácter urgente para aumentar la capacidad de sus sistemas sanitarios y de protección social, así como garantizar el acceso a la asistencia sanitaria y el mantenimiento de los ingresos.

Fuente: ilo.org