A través de una presentación realizada ante el Ministerio de Trabajo, el gremio que conduce Pablo Biro solicitó declarar como “improcedente” el procedimiento. Según señalaron en el escrito firmado por el propio Biro y por el Secretario General Mateo Ferreira, el rechazo se debe a “la vigencia del Decreto 329/20, prorrogado por el Decreto 487/20 que prohíben los despidos por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, como los que pretende implementar la empleadora”.

Desde APLA remarcaron que, “la prohibición legal de despidos obsta la procedencia del procedimiento instado por la empresa por lo que se solicita su rechazo”.

La compañía anunció días atrás el cierre de rutas comerciales que operaba en el país aduciendo una crisis económica.

De acuerdo al gremio, la intención de la empresa es aferrarse al PPC con el fin de poder avanzar en la desvinculación de los 1.700 contratos laborales que mantiene con los trabajadores. Sin embargo, APLA remarcó que tal mecanismo choca con la prohibición de despidos interpuesta por el Gobierno de Alberto Fernández a raíz de la pandemia del coronavirus.

Siguiendo esa línea, apuntaron que debido a que la prohibición legal de los cesantías por fuerza mayor “es una política de Estado, por tanto de orden público” a ella “deben supeditarse la actuación de los propios poderes del Estado como, por cierto, la de los particulares”.

Pese a reconocer la utilidad de los PPC para lograr acuerdos entre organizaciones gremiales y las empresas, remarcan que “en la actual coyuntura y en virtud de las normas aludidas se encuentra impedida de aplicarse”.

Fuente: ambito.com