Hace casi siete años Las Heras ardía. Había sido escenario de intensas protestas sindicales de los trabajadores petroleros, al tiempo que sus calles se llenaban de uniformados. El paro y los piquetes iban por la tercera semana cuando su vocero fue encarcelado. Sus compañeros acudieron a la alcaidía a pedir que lo liberaran y la policía intentó que se fueran. Primero con palabras, luego con tiros al aire y por último con disparos al piso que rebotaron e hirieron a una concejal. Piedras, balas, policías especiales y más gente se fue sumando hasta formar la pueblada. Los gases dispersaron a los manifestantes pero los balazos siguieron. Los estruendos y el humo se sintieron en toda la ciudad. “Cayó uno”, dijo alguien y una ambulancia abandonó la alcaidía. El policía Jorge Sayago murió horas después.

El juicio oral a los acusados de ese crimen comenzó en junio. De los 13 petroleros imputados, cuatro de ellos recibieron condena a prisión perpetua por el homicidio. Y el resto recibió una condena de cinco años.

En el inicio de las audiencias, el tío de Sayago, Víctor Álvarez, había reiterado que quienes están sentados en el banquillo son unos “perejiles”. Una de las abogadas defensoras, Claudia Ferrero, afirmó que “no hay ninguna prueba concreta, fueron armadas por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”. La letrada fue recibida la semana pasada por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, junto a representantes de los organismos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Le entregaron unas 500 firmas --entre ellas las de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Patricia Walsh, Carlos “Perro” Santillán, Pablo Micheli y Osvaldo Bayer—de entidades gremiales, estudiantiles y políticas del país y del exterior que piden la absolución de los acusados “en esta causa armada para criminalizar la protesta social”, según sostuvieron.

Alén confirmó a Infojus Noticias que tras el encuentro pidió informes a los jueces que integran el Tribunal Oral de Caleta Olivia sobre la denuncia por torturas y la actuación de la fiscalía en el caso. “Cuando haya una respuesta evaluaremos nuestra intervención porque, según dijeron, el fiscal llamó a apartarse de la ley”, comentó el funcionario. El tribunal fue consultado pero no dio contestación alguna.

El fiscal de instrucción Ariel Candia había admitido que hubo gente que declaró en la instrucción luego de haber recibido “dos o tres cachetadas”, pero en su alegato agregó que "darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar". Consultado por Infojus Noticias, Candia expresó que prefería no hablar antes de la sentencia. Sin embargo, ratificó que el fiscal de Cámara Carlos Rearte se había negado a desempeñarse en este juicio después de plantear la nulidad del requerimiento de elevación por considerar que era “impreciso e infundado”. Fue su último recurso dado que había rechazado en dos oportunidades que la causa llegara a instancia oral por estar “plagada de nulidades”. Candia, en cambio, sí se hizo cargo de la acusación.

El Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, integrado por comisiones internas, centros de estudiantes y otras organizaciones gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos, partió hacia Caleta Olivia para presenciar la sentencia y participar de la movilización organizada por los gremios estatales de la ciudad. Otro grupo en Capital corta Callao y Corrientes desde las 7. “La familia Sayago necesita un juicio justo y éste no lo es”, dijo Juan José Ortega, secretario general de los empleados judiciales.

Los hechos

En diciembre de 2005 los desocupados exigían el cumplimiento de la promesa de Repsol-YPF de otorgar 149 puestos de trabajo. En ese contexto, los petroleros de Las Heras expresaron sus diferencias con el sindicato y comenzaron a cortar las rutas provinciales. Al reclamo contra el impuesto a las ganancias se sumó el del encuadre sindical (hacían el mismo trabajo que los petroleros pero estaban en la Uocra y cobraban menos), además de mejoras en las condiciones de trabajo. Ya entonces denunciaban la tercerización laboral y establecieron una estratégica alianza intersindical. Luego de veintitrés días de huelga y cortes, la justicia emitió una orden contra los “cabecillas”, tal como decía el escrito, que derivó en la detención de Mario Navarro, vocero de los petroleros del sector sindical disidente. Navarro fue encarcelado el 6 de febrero de 2006 mientras daba una entrevista en la FM local, Radio Soberanía. “Si lo habían metido preso a él venían por todos. Los concejales Lalo Camino, que ahora es intendente, y Roxana Tonino fueron a hablar con el jefe de policía. Les dijo que Navarro estaba detenido e incomunicado por 48 horas. Y quería que la gente se fuera, pero ya había unas cien personas, varios compañeros míos de Indus, contratista de YPF”, declaró en el juicio Adrián Saucedo, uno de los detenidos de esa jornada.

Las Heras tenía entonces 9.300 habitantes, y más de mil estuvieron en las calles. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop reprimió la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías resultaron lesionados. Después de medianoche se escucharon disparos y Sayago cayó herido. La abogada Ferrero afirma que “los investigadores dejaron el lugar sin perimetrar permitiendo que se alteraran las evidencias, probablemente para ocultar la utilización de postas de plomo. Lo que siguió fueron detenciones masivas para buscar un chivo expiatorio”. La ciudad quedó bajo permanente patrullaje policial. Diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero cuando se llegó a un acuerdo en el conflicto, fueron detenidos y acusados del crimen del policía. A esas detenciones se sumaron las de algunos vecinos. Los medios locales fueron dando cuenta de que a muchos testigos les habían allanado su vivienda antes de declarar. El cura de Las Heras, Luis Bicego, cuestionó las detenciones y advirtió que formaban parte de una “caza de brujas”. Tres años más tarde fueron liberados los últimos detenidos.

En ese momento el juicio oral por la muerte de Sayago había sido anulado "por fallas en la instrucción", pero el gobierno de Santa Cruz apeló y siguieron imputados. Algunos de ellos acudieron a declarar en una causa que se abrió por las torturas, en la que había policías procesados. En ese expediente consta que durante los traslados los sacaron de los patrulleros en marcha para ser golpeados. Además, uno de sus compañeros de Sayago, el oficial Raúl Varela, inició acciones contra la policía de Santa Cruz por el mal desempeño de los jefes policiales en el hecho.

El juicio

La abogada Ferrero, que integra la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), compartió la defensa con Andrea Forgueras y ocho letrados. Cuando comenzaron las declaraciones testimoniales, el testigo Leonardo Martínez dijo que no recordaba nada. Lo detuvieron 24 horas y en la siguiente audiencia declaró acorde a la posición de las querellas, que enseguida hicieron su alegato y pidieron prisión perpetua por homicidio agravado para seis de los acusados: Darío Cuatrihuala, Inocencio Cortez, Juan Pablo Bilbao. José Rosales, Hugo González y Franco Padilla. En tanto, para Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach pidieron seis años por el delito de coacción agravada: incitar a la violencia. El abogado querellante Eduardo Iglesias se refirió a las denuncias por apremios ilegales diciendo que “que la defensa consideraba que Vialidad”, el lugar donde se realizaron los interrogatorios, “era un centro clandestino de detención y que Angulo (agente de la brigada) era hijo de Etchecolatz”.

Casi ninguno de los imputados quiso hablar, pero quienes lo hicieron causaron conmoción. Catrihuala está acusado de haber gritado a los compañeros que abran paso para que un francotirador, de quien se desconoce su identidad, disparara contra los policías. A Cortés lo acusan de haber golpeado en el cráneo al policía. A González le imputan haberle propinado un golpe con un objeto contundente, al igual que a Rosales. Pérez está acusado de haber pateado la cara del policía en el suelo. La abogada Ferrero dijo a Infojus Noticias que le cuesta pensar en una condena. “Nunca sentí que habíamos destruido tanto una acusación, en términos técnicos, porque ni siquiera está determinado cómo fueron los hechos, que tres tiraron pero ninguno tiró, que Sayago tenía o no tenía casco, se superponen las versiones. Pero allá tienen la sensación de que serán condenados,”, afirmó. “Una condena en este juicio nada tendrá que ver con la justicia sino con la defensa y preservación de un régimen de excepción contra los trabajadores y será un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales, entre ellos 52 maestros de Las Heras imputados en los últimos meses”, agregó.

 

Fuente: infojusnoticias.gov.ar